Publicado: 30 de Marzo de 2016


Con la reforma del C.p en marzo de 2015, se suprimieron las faltas y se despenalizaron los conflictos derivados de accidentes de circulación, derivándose su solución a la vía civil.  A su vez, se ha producido una importante modificación del baremo de tráfico con la Ley 35/2015 y, como dato relevante de la reforma es la búsqueda de la solución de conflictos entre aseguradoras y abogados de las víctimas/perjudicados por la vía extrajudicial.  Por otro lado, en el nuevo art. 14 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículo a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, se introduce expresamente la vía de la mediación  para los conflictos de circulación, ofreciendo un canal ágil para resolver las diferencias que puedan existir entre las compañías de seguros y los ciudadanos que han intervenido en un accidente de circulación.

El art. 11 de la Ley 5/2012 recoge los requisitos generales para ser mediador y señala que: “pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles… Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación… deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en la ley.  El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con la formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas… El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.”

-       Los principios que informan la mediación son: la voluntariedad y libre disposición (recordando que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo), la igualdad de las partes (manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista expresados por ambas partes), la imparcialidad de los mediadores (que no podrán actuar ni en perjuicio ni en interés de cualquiera de ellas), la neutralidad (el mediador tiene que permitir que las partes en conflicto alcancen un acuerdo de mediación por sí mismas), la confidencialidad (el mediador también se encuentra protegido por el secreto profesional) y, por último, los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo de las partes sujetas a mediación que, durante el tiempo en que se desarrolle la mediación, no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la controversia (salvo que se refiera a la solicitud de medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos).

La Ley establece que el mediador (art. 13):

 

1.- Facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes;

 

2.-  Desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley;

 

3.-  Podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia;

 

4.-  No podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad; y

 

5.-  Deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses.

6.- El mediador deberá cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hace, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren.

 

7.- Por último, el coste de la mediación –haya concluido o no con el resultado de un acuerdo se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario y, tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.

 

La duración mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva.  Los mediadores deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas.

Los mediadores no defienden ni evalúan, no tienen rol de expertos asesores y en un proceso de mediación las partes van a adquirir un rol principal, pues van a ser parte activa en todo el procedimiento, gestionado sus emociones y eligiendo sus propios acuerdos.  Los mediadores no asesoran ni contestan a las preguntas legales o emocionales, lo que hacen es ayudar a las partes a que las respondan. Es facultad del mediador el dar por terminado el proceso cuando observe que éste no va por buen camino, o que alguna de las partes no actúa de buena fe.

La confianza en la persona del mediador:  Se trata de ver las pautas que favorecerán la obtención de los mensajes y demostrar la capacidad de escucha:

 

-       Explicar los objetivos y reglas para reducir la tensión que genera el protagonizar un proceso nuevo.

-       Crear un canal de comunicación relajado y fluido favoreciendo la adaptación del lenguaje a las partes.

-       Aplicar técnicas de escucha activa de modo que sientan que se les escucha y que comprende su relato.

-       Favorecer que las partes tomen conciencia de su potencial, se sientan capaces de tomar decisiones.

-       Reconocer su potencial y ampliar su conciencia sobre lo que es capaz de entender, decidir y resolver.

-       Identificar indicios de capacidad de afrontar la situación en los propios relatos de las partes.

-       Ayuda a las partes a que intercambien propuestas.

 

-       Ayuda a las partes a que evalúen las propuestas.

-       Formulará preguntas, generalmente en privado, para ayudar a los participantes a que entiendan la posición legal de cada parte y las posibles consecuencias de la falta de acuerdo.

 

-       Ayuda a las partes a desarrollar su propia propuesta sobre el asunto objeto de controversia.

 El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, que facilitará la publicidad y transparencia de esta actividad, consistirá en una base de datos informatizada a la que se accederá gratuitamente a través de la página web del Ministerio de Justicia.

Constará de tres secciones: una para mediadores, otra para mediadores concursales y una tercera para instituciones de mediación. Sólo será obligatoria la inscripción de los mediadores concursales (figura regulada en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). La de los demás expertos será voluntaria y permitirá acreditar la condición de mediador.

Artículo 11. Voluntariedad de la inscripción.

 

1. La inscripción de los mediadores que desarrollen la actividad de mediación de conformidad con las previsiones de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y de las instituciones de mediación en el Registro será voluntaria.

El art. 14.3 del Texto Refundido señala que pueden ejercer esta modalidad de mediación, profesionales especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración.

El art. 14 del citado texto señala que en caso de disconformidad con la oferta o la respuesta motivada y, en general, en los casos de controversia, las partes podrán acudir al procedimiento de mediación de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  Será el perjudicado quién podrá solicitar el inicio de una mediación, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o respuesta motivada o los informes periciales complementarios si se hubieran pedido…  El mediador, además de facilitar la comunicación entre las partes y velar porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes, desarrollará una conducta activa tendente a posibilitar el acuerdo entre ellas.  Recibida la solicitud de mediación, el mediador citará a las partes para la celebración de la sesión informativa.  Se informará a las partes de que son plenamente libres de alcanzar o no un acuerdo y de desistir del procedimiento en cualquier momento, así como que la duración de la mediación no podrá ser superior a tres meses, y que el acuerdo que alcancen será vinculante y podrán instar su elevación a escritura pública para que sea título ejecutivo.

Cómo se señala, el mediador debe tener una conducta activa y, lo que se trata de conseguir es que ambas partes estén conformes en firmar un acuerdo del que queden satisfechos, cediendo cada uno y renunciando a parte de sus pretensiones.

Las partes de la mediación serían el perjudicado y la aseguradora a quien se reclama.  Aquí, se va a escuchar más al lesionado, quien puede aceptar o no la propuesta de la aseguradora y ofrecer la suya; reclamar más e intentar acercar posturas. La mediación  fomenta la participación directa de las partes en el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en la vía judicial.

Todo el procedimiento de mediación es confidencial, y el mediador quedará protegido por el secreto profesional.  Si finalmente no se alcanza un acuerdo, las partes tienen abierta la vía judicial, en la que no se  podrán comentar los posibles pactos que las partes habían planteado.

En este proceso de mediación puede intervenir un médico especialista en valoración de daño corporal para elaborar un informe y, la cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización relativa al año en que se determine el importe a abonar.

Las partes pueden convenir la sustitución total o parcial de la indemnización fijada  a favor del perjudicado.

En el caso de que exista una condena por maltrato, el marido de la mujer fallecida en accidente de tráfico puede no tener la condición de “perjudicado” a efectos de poder reclamar la indemnización correspondiente.

El inicio de la mediación suspende los plazos de prescripción, según el art. 4 de la Ley 5/2012 de mediación.  Mientras la reclamación previa del perjudicado a la aseguradora interrumpe el plazo de prescripción por la vía del art. 7.1.4, el inicio de la mediación lo suspende, volviendo a correr de nuevo si termina  sin acuerdo.

Si se llega a un acuerdo en la mediación, las partes podrán acudir a un Notario para elevarlo a escritura pública.

El nuevo art. 440 de la LEC establece que una vez entablada la vía civil y antes de la vista, el Letrado de la Administración de Justicia (Secretario Judicial), informará  a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación.  Es decir, aunque se haya entablado una demanda judicial, las partes pueden derivar su controversia a la mediación.  Esta sería la mediación intrajudicial, a diferencia de la extrajudicial, en la que las partes acuden directamente a la mediación y, es ante el fracaso de ésta cuando se puede acudir a la vía judicial.

Con la reforma de la LEC en 2015, se faculta al Juez a invitar a las partes a acudir al proceso de mediación, instándoles a que acudan a una sesión informativa, designando un mediador de entre los que estén inscritos  en el registro de mediadores especialistas en la materia objeto de conflicto.

Si no se alcanza ningún acuerdo en la mediación, cualquiera de las partes lo comunicará la Juzgado, donde se ordenará alzar la suspensión del procedimiento continuando éste en el trámite donde se quedó.

Una de las vías por las que se puede ir introduciendo la derivación obligatoria a la mediación es mediante la difusión de la costumbre de incluir en los contratos una cláusula con la fórmula de ser preceptiva la utilización previa de la mediación en caso de conflicto entre las partes.

Si se alcanza un acuerdo dentro de la mediación intrajudicial, se puede solicitar del Juez  que conoció el litigio su homologación, y si esta resolución judicial será susceptible de ejecución ante el mismo Juzgado.

En caso de mediación extrajudicial, si el acuerdo que se alcance no se eleva a escritura pública, únicamente se le atribuirá el mismo efecto vinculante que tiene cualquier contrato, y las partes deberían ajustar su conducta según dicho acuerdo.  Si no cumplen el acuerdo, podrían instar su ejecución pero en el procedimiento declarativo correspondiente, ya que no sería título ejecutivo.